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“La administración provincial enfrenta un déficit debido al exceso de gasto de la anterior gestión”
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“La administración provincial enfrenta un déficit debido al exceso de gasto de la anterior gestión”
Lo señaló la ministra de Hacienda Pública, Natalia Zabala Chacur, al hacer referencia sobre la administración provincial de San Luis. “Lo que sucedió es simple: se gastó más plata de la que ingresó. La administración provincial enfrenta un déficit debido al exceso de gasto de la anterior gestión”, resumió.
En una entrevista realizada con El Diario de la República, la titular de Hacienda Pública al ser consultada por su primera tarea al recibir la administración, detalló: “Cuando llegamos al Ministerio de Hacienda lo primero que hicimos fue analizar el sistema contable que es el que tiene registrados todos los movimientos económicos que realiza la administración pública. Pedimos diferentes informes. El primero que pedimos, que se llama Ahorro-Inversión-Financiamiento, refleja un detalle de todos los recursos que se recibieron en un período de tiempo y todos los gastos que se hicieron, de productos o servicios que se contrató, con la obligación de hacer el pago. A través de este procedimiento saltó el déficit, al 30 de noviembre, de más $734 millones”.
En esa línea, la ministra dijo que “entraron recursos por una cifra menor que los gastos que se habían devengado. Es como sucede en una economía familiar: si una persona recibe un sueldo de $10 mil y al final del mes tiene que pagar cuentas por $15 mil, hay un déficit de $5 mil. Es una cuenta que es automática y que hace el Estado en base al dinero que entró y lo que salió”.
Con respecto a las medidas que llevaron adelante una vez que conocieron el déficit, respondió: “Para ejecutar los gastos, el Estado se maneja con lo que se llama ‘programación financiera’ que se realiza todos los meses. Entonces, en función de los gastos que cada unidad ejecutora va realizando, se programa financieramente para que el Estado disponga de los recursos para hacer frente a los gastos”.
Zabala Chacur agregó que “el nuevo Gobierno entraba el 10 de diciembre y, supuestamente, los pagos de noviembre deberían haber estado cancelados. Pero nos encontramos con que la programación financiera de noviembre no estaba cancelada y teníamos gastos que ya estaban con la orden de pago, para que Tesorería emitiera el pago, pero estaban retenidos, frenados y no debitados.
En ese sentido explicó que “no podían habilitar la programación financiera de diciembre sin antes dar cumplimiento a la de noviembre, que debería haber cumplido la gestión anterior. Gran parte de esos gastos, que estaban en Tesorería para pagar y no se había pagado, correspondían a la obra pública”.
Al ser consultada sobre el porqué de que se frenaran esos pagos y no se habían realizado dijo que se venían postergando pagos, y amplió: “En el Estado había fondos, pero también recibimos deudas. Financieramente hubo una especie de bicicleta: la programación de noviembre estaba en Tesorería, pero no efectivizada. Esto no significa que eran sólo pagos de noviembre, sino que se habían ido postergando pagos de meses anteriores y acumulando en Tesorería”, según consignó Zabala Chacur a El Diario de la República.
La ministra de Hacienda Pública dijo también que el criterio para definir qué pagos salían no ha sido un criterio social, sino más bien financiero para que los números cerraran, para no llegar a un rojo en el banco.
“Creo que la idea fue mostrar que se entregaba una determinada caja pero se ‘escondieron’ las deudas. La deuda no es una deuda fácil de dejar ‘frenada’ ya que uno no puede demorar el pago de la obra pública porque es un motor que genera ingresos y mueve la economía de la provincia. Tampoco se puede frenar la parte de Salud o DOSEP porque hay enfermos, gente que necesita que esos servicios funcionen. Esto es clave a la hora de tomar una decisión política sobre qué pagar, ya que siempre hay que ver qué impacto tiene en la economía provincial”, manifestó.
Cuando la interrogaron acerca de si el área de salud y obra pública eran las más afectadas, la ministra afirmó: “Sí, es donde más deuda encontramos y no debería haber sido así. Uno puede postergar el pago, por ejemplo, del alquiler de una pantalla para un acto. Pero no puede hacerlo con el prestador del servicio de salud o una obra pública porque el efecto que genera es un retraso, es importante. Lo que hicimos una vez que encontramos esa deuda fue que empezamos a priorizar los pagos, pero con un enfoque social que es el que el gobernador Alberto Rodríguez Saá siempre ha tenido y nos ha pedido a nosotros que prioricemos”.
Asimismo, hizo alusión a cómo se venía realizando el pago de las constructoras: “La Ley de Obras Públicas establece que se puede pagar dentro de los 60 días de la emisión del certificado de obra. Pero se venía pagando a 60, 80 o más días. Había obras en las que, como no se podían hacer efectivos los pagos dentro de los 60 días, a veces usaban mecanismos para postergar otros 30 días. Este escenario obligaba a las empresas constructoras a salir a financiarse en el sector privado”.
En referencia a cuándo se podrán equilibrar las cuentas, respondió: “Primero vamos a tener que contener el gasto y hacer un ahorro para pagar deudas pasadas. Esa contención del gasto que no hubo a lo largo del 2015, es lo que se va a tener que hacer en los primeros meses del 2016 para poder equilibrar la provincia. Un ingrediente adicional es que a nivel nacional tenemos un cambio de gobierno con nuevas medidas económicas, algunas aún no definidas del todo. Esto puede complicar o mejorar el escenario”.
La titular de Hacienda Pública sostuvo que “el fondo anticrisis no existe más, que exista disponibilidad de dinero no quiere decir que exista un fondo que yo no puedo tocar para usarlo en una situación crítica, como siempre tuvo la provincia. El fondo anticrisis está comprometido debido a que hay un retraso en los pagos. El fondo nació para dar una mano en momentos complicados. Y este año el país no está en una crisis que hubiera justificado gastar ese fondo”.
Zabala Chacur también aseveró que el Tribunal de Cuentas auditará la gestión anterior: “Hay que analizar la cuenta de inversión, mirar dónde hubo ejecución o subejecución. El 31 de diciembre vamos a cerrar el ejercicio 2015, armamos el balance y una vez presentado lo va a analizar el Tribunal de Cuentas”.
La ministra definió que “estamos en un brete”, al hacer referencia a la situación financiera actual de la provincia. “Esa es la definición. Confiamos en que el gobernador va a generar estrategias para salir adelante y la primera orden ha sido ejercer la máxima austeridad hacia adentro. Estamos en una situación atípica para la provincia de San Luis. Hoy tenemos una foto y podemos decir que se gastó más dinero del que la provincia tenía. Después vendrá el análisis de la calidad del gasto y podremos decir si hubo gastos que se podrían haber evitado o haberlos hecho de manera más eficiente”.
En una entrevista realizada con El Diario de la República, la titular de Hacienda Pública al ser consultada por su primera tarea al recibir la administración, detalló: “Cuando llegamos al Ministerio de Hacienda lo primero que hicimos fue analizar el sistema contable que es el que tiene registrados todos los movimientos económicos que realiza la administración pública. Pedimos diferentes informes. El primero que pedimos, que se llama Ahorro-Inversión-Financiamiento, refleja un detalle de todos los recursos que se recibieron en un período de tiempo y todos los gastos que se hicieron, de productos o servicios que se contrató, con la obligación de hacer el pago. A través de este procedimiento saltó el déficit, al 30 de noviembre, de más $734 millones”.
En esa línea, la ministra dijo que “entraron recursos por una cifra menor que los gastos que se habían devengado. Es como sucede en una economía familiar: si una persona recibe un sueldo de $10 mil y al final del mes tiene que pagar cuentas por $15 mil, hay un déficit de $5 mil. Es una cuenta que es automática y que hace el Estado en base al dinero que entró y lo que salió”.
Con respecto a las medidas que llevaron adelante una vez que conocieron el déficit, respondió: “Para ejecutar los gastos, el Estado se maneja con lo que se llama ‘programación financiera’ que se realiza todos los meses. Entonces, en función de los gastos que cada unidad ejecutora va realizando, se programa financieramente para que el Estado disponga de los recursos para hacer frente a los gastos”.
Zabala Chacur agregó que “el nuevo Gobierno entraba el 10 de diciembre y, supuestamente, los pagos de noviembre deberían haber estado cancelados. Pero nos encontramos con que la programación financiera de noviembre no estaba cancelada y teníamos gastos que ya estaban con la orden de pago, para que Tesorería emitiera el pago, pero estaban retenidos, frenados y no debitados.
En ese sentido explicó que “no podían habilitar la programación financiera de diciembre sin antes dar cumplimiento a la de noviembre, que debería haber cumplido la gestión anterior. Gran parte de esos gastos, que estaban en Tesorería para pagar y no se había pagado, correspondían a la obra pública”.
Al ser consultada sobre el porqué de que se frenaran esos pagos y no se habían realizado dijo que se venían postergando pagos, y amplió: “En el Estado había fondos, pero también recibimos deudas. Financieramente hubo una especie de bicicleta: la programación de noviembre estaba en Tesorería, pero no efectivizada. Esto no significa que eran sólo pagos de noviembre, sino que se habían ido postergando pagos de meses anteriores y acumulando en Tesorería”, según consignó Zabala Chacur a El Diario de la República.
La ministra de Hacienda Pública dijo también que el criterio para definir qué pagos salían no ha sido un criterio social, sino más bien financiero para que los números cerraran, para no llegar a un rojo en el banco.
“Creo que la idea fue mostrar que se entregaba una determinada caja pero se ‘escondieron’ las deudas. La deuda no es una deuda fácil de dejar ‘frenada’ ya que uno no puede demorar el pago de la obra pública porque es un motor que genera ingresos y mueve la economía de la provincia. Tampoco se puede frenar la parte de Salud o DOSEP porque hay enfermos, gente que necesita que esos servicios funcionen. Esto es clave a la hora de tomar una decisión política sobre qué pagar, ya que siempre hay que ver qué impacto tiene en la economía provincial”, manifestó.
Cuando la interrogaron acerca de si el área de salud y obra pública eran las más afectadas, la ministra afirmó: “Sí, es donde más deuda encontramos y no debería haber sido así. Uno puede postergar el pago, por ejemplo, del alquiler de una pantalla para un acto. Pero no puede hacerlo con el prestador del servicio de salud o una obra pública porque el efecto que genera es un retraso, es importante. Lo que hicimos una vez que encontramos esa deuda fue que empezamos a priorizar los pagos, pero con un enfoque social que es el que el gobernador Alberto Rodríguez Saá siempre ha tenido y nos ha pedido a nosotros que prioricemos”.
Asimismo, hizo alusión a cómo se venía realizando el pago de las constructoras: “La Ley de Obras Públicas establece que se puede pagar dentro de los 60 días de la emisión del certificado de obra. Pero se venía pagando a 60, 80 o más días. Había obras en las que, como no se podían hacer efectivos los pagos dentro de los 60 días, a veces usaban mecanismos para postergar otros 30 días. Este escenario obligaba a las empresas constructoras a salir a financiarse en el sector privado”.
En referencia a cuándo se podrán equilibrar las cuentas, respondió: “Primero vamos a tener que contener el gasto y hacer un ahorro para pagar deudas pasadas. Esa contención del gasto que no hubo a lo largo del 2015, es lo que se va a tener que hacer en los primeros meses del 2016 para poder equilibrar la provincia. Un ingrediente adicional es que a nivel nacional tenemos un cambio de gobierno con nuevas medidas económicas, algunas aún no definidas del todo. Esto puede complicar o mejorar el escenario”.
La titular de Hacienda Pública sostuvo que “el fondo anticrisis no existe más, que exista disponibilidad de dinero no quiere decir que exista un fondo que yo no puedo tocar para usarlo en una situación crítica, como siempre tuvo la provincia. El fondo anticrisis está comprometido debido a que hay un retraso en los pagos. El fondo nació para dar una mano en momentos complicados. Y este año el país no está en una crisis que hubiera justificado gastar ese fondo”.
Zabala Chacur también aseveró que el Tribunal de Cuentas auditará la gestión anterior: “Hay que analizar la cuenta de inversión, mirar dónde hubo ejecución o subejecución. El 31 de diciembre vamos a cerrar el ejercicio 2015, armamos el balance y una vez presentado lo va a analizar el Tribunal de Cuentas”.
La ministra definió que “estamos en un brete”, al hacer referencia a la situación financiera actual de la provincia. “Esa es la definición. Confiamos en que el gobernador va a generar estrategias para salir adelante y la primera orden ha sido ejercer la máxima austeridad hacia adentro. Estamos en una situación atípica para la provincia de San Luis. Hoy tenemos una foto y podemos decir que se gastó más dinero del que la provincia tenía. Después vendrá el análisis de la calidad del gasto y podremos decir si hubo gastos que se podrían haber evitado o haberlos hecho de manera más eficiente”.
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